En el acto de entrega de los siete cascos anteriores que se produjo el pasado mes de diciembre en la sede de la Unesco en París, el coleccionista Christian Levett, fundador y propietario del museo de Arte Clásico de Mougins (Francia), puso en conocimiento de las autoridades españolas allí presentes, que además de los siete cascos que entregaba en ese momento, adquirió en 2010 un octavo casco, del cual se había visto obligado a desprenderse posteriormente, pero sobre el cual creía que podría averiguar su paradero actual.

Finalmente, el pasado 21 de julio, la directora del Museo de Arte Clásico de Mougins informó que la pieza había sido encontrada, adquirida en el mercado internacional y depositada en el centro, quedando a disposición del Gobierno español para que fuera repatriada cuando así se considerase oportuno.

Al día siguiente, el Ministerio de Cultura y Deporte aceptó el ofrecimiento e inició ..., la obtención del permiso de exportación del Ministerio de Cultura de Francia, contando para ello con la inestimable colaboración de la embajada de España en París, y la entrega de la pieza en el Museo de Zaragoza, actuando en coordinación total con el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Fruto de este trabajo, en apenas 8 días se han podido realizar todas las gestiones y en un tiempo récord, el casco ha llegado hasta Zaragoza, donde se unirá a los siete que allí están depositados desde el mes de diciembre.

Los cascos devueltos a España proceden de la ciudad celtíbera de Arátikos, erigida en la Edad del Hierro y destruida por el ejército de Roma entre los años 74 a 72 antes de Cristo, con motivo de las guerras sertorianas que también acabaron con Numancia. Este asentamiento se situaba en el llamado Cerro de Castejón, sobre la localidad de Aranda del Moncayo, en Zaragoza.

Desde finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX, la necrópolis fue expoliada de manera sistemática por dos vecinos que llegaron a reunir una extraordinaria colección de piezas metálicas celtíberas correspondientes a la edad del Hierro.

Entre los hallazgos se encontraban restos y fragmentos de un lote de cascos celtíberos de factura hispano-calcídica que fueron exportados ilegalmente al extranjero por los autores del expolio con la colaboración de un anticuario español, residente en Suiza. Los cascos se vendieron en el mercado internacional.

Varios investigadores alertaron al Ministerio de Cultura y Deporte sobre el posible expolio de un yacimiento celtibérico, si bien la falta de pruebas y la usencia de evidencias arqueológicas que pudieran relacionar los cascos con un yacimiento concreto, impidieron avanzar en el asunto durante un tiempo.

Las investigaciones continuaron y, finalmente, la colaboración del Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico y la Guardia Civil, culminó en marzo de 2013 en la operación Helmet I, con la detención de uno de los autores del expolio y la intervención en su domicilio de 4.000 piezas arqueológicas. Cinco meses más tarde se cerraba la operación Helmet II, que detuvo al segundo autor del expolio, y logró la incautación de 2.000 piezas arqueológicas más.

Los dos detenidos fueron condenados en julio de 2018 por la Audiencia Provincial de Zaragoza a penas de cárcel y multas, así como a la entrega y adjudicación al Estado Español y a la Comunidad Autónoma de Aragón de todos los bienes arqueológicos intervenidos. De todos modos, el Tribunal Supremo de Justicia ha reducido sus penas a 3 años para Ricardo Bienvenido y 1 año y 9 meses paraMariano Florentino Ostalé, porque el el Supremo destaca que no existe blanqueo si la acción no está presidida por la intención de ocultar la ilícita procedencia de los bienes, y en este caso no se describe en los hechos probados una conducta de enmascaramiento o revestimiento ficticio para ocultar un origen ilícito.

En el caso del segundo acusado, los hechos pasan entonces a ser calificados como delito de receptación, mientras que el primero es absuelto sin más del blanqueo porque la auto-receptación es atípica penalmente.

Dicha sentencia ha sido ratificada a finales de junio de 2020, por la Sala II del Tribunal Supremo, señalando el Alto Tribunal que la destrucción del contexto arqueológico del yacimiento, ha impedido que los especialistas conocieran datos fundamentales que podrían haber modificado la información y conocimiento de los pueblos prerromanos de la Península Ibérica.